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• Gestión laboral, contable y fiscal.
• Para la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria.
• Gestión de servicios jurídicos.
• Comunicaciones electrónicas.
• Solicitudes de empleo.

• Se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
• Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
• Por exigencia del art. 30 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas deben conservar y custodiar durante el plazo de cinco años, a contar desde la fecha del informe de auditoría, la documentación referente a cada auditoría de cuentas realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en el informe y demás documentación, información, archivos y registros.
• Si los datos facilitados lo son en relación con la presentación espontanea de CV, serán conservados durante un año, desde la fecha de su presentación o remisión al despacho. Transcurrido dicho periodo los datos serán suprimidos.

• Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, código postal, teléfono.
• Datos académicos y profesionales
• Datos de información comercial.
• Datos económicos, o financieros, bancarios.
• Información relacionada con los procedimientos judiciales cuya defensa asume el despacho.

Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

• Art. 6.1 a) del Reglamento 679/2016. El interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

• Art. 6.1 b) del Reglamento 679/2016. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; 

• Art. 6.1 f) del Reglamento 679/2016. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero.

• Juzgados y Tribunales
• Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
• Tesorería General de la Seguridad Social.
• Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias.
• Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
• Entidades financieras. 
• Cualquier otra que resulte de la normativa vigente.

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